El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Dictamen de la nueva Ley de
Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave la cual
tiene por objeto implementar medidas de austeridad en la planeación,
programación, presupuestación, ejecución y control del gasto
gubernamental, como política pública para cumplir con los principios de
economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la
administración de los recursos económicos de carácter público que
dispone la Entidad.
De esta manera se establece que los ahorros y economías obtenidos, con
motivo de la aplicación de esta ley, serán destinados a los programas
prioritarios de atención a la población y programas sociales con
asignación de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado y demás
leyes aplicables.
Esta Ley fue aprobada con 47 votos a favor, de diputadas y diputados de
los Grupos Legislativos de Morena, PAN, “Del Lado Correcto de la
Historia”, PRI-PVEM y MC-PRD, así como el legislador sin grupo. Además
se registró una abstención (diputada Judith Pineda Andrade, PAN).
Esta norma señala que los servidores públicos de la entidad recibirán
los beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente.
De esta manera queda prohibido establecer o cubrir con recursos públicos
haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así
como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de
separación individualizada o colectiva por parte de los entes públicos
locales para beneficio de cualquier servidor público.
Durante el ejercicio fiscal no se crearán plazas adicionales a las
autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Estado, ni se asignarán
previsiones adicionales para tal efecto. La contratación de servicios
personales por honorarios sólo procederá en casos excepcionales y
plenamente justificados.
Se incluye que sólo los servidores públicos con alta responsabilidad en
materia de seguridad, procuración e impartición de justicia podrán
disponer, con cargo al erario, de servicios de escolta.
Los vehículos oficiales sólo podrán destinarse a actividades
prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población.
Queda prohibido cualquier uso distinto de los vehículos, salvo los que
tengan carácter oficial y los de escoltas, que autoricen las autoridades
competentes.
El gasto neto total asignado anualmente a la difusión de propaganda
oficial por los entes públicos del Estado, se sujetará a los montos
máximos que para el efecto fije la autoridad competente en disposiciones
generales, mismos que se ajustarán a lo indispensable para dar
cumplimiento a los fines informativos, educativos o de orientación
social cuya difusión sea determina como necesaria.
Sólo se autorizarán, los viajes oficiales que resulten estrictamente
indispensables, en atención a las necesidades del servicio público.
Queda prohibida la adquisición de boletos de viajes aéreos en servicio
de primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios
privados de aerotransporte.
En tanto no se autoricen nuevos programas o se amplíen las metas de los
existentes, los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía
eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios,
alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de
telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos,
convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, no
podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal
inmediato anterior.
La adquisición y contratación de bienes y servicios de uso generalizado
de los entes públicos se llevarán a cabo de manera consolidada con el
objeto de obtener las mejores condiciones en relación con precio,
calidad y oportunidad.
En otro sentido, la ley contempla que no serán constituidos
fideicomisos, fondos, mandatos o análogos, públicos o privados, ni se
permitirá hacer aportaciones, transferencias, pagos de cualquier
naturaleza que tengan por objeto evadir las reglas de disciplina,
transparencia y fiscalización del gasto.
Esta ley es resultado de la iniciativa que presentó, el pasado 13 de
diciembre, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.
En los posicionamientos, por el Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), la diputada Judith Pineda Andrade señaló que su bancada
está a favor de la austeridad y, agregó, que esperan que la aplicación
de esta ley no lleve a la parálisis de alguno de los entes públicos.
Pidió que sean transparentados los ahorros y se rindan cuentas claras
sobre el destino de dichos recursos.
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